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Si analizamos la realidad, veremos que lo de menos es el recorte a los funcionarios, puesto que uno de los mayores problemas que tiene el Estado es asegurar que puede seguir cumpliendo con sus obligaciones regularmente, disponer de financiación y no dar una sonora quiebra que podría suponer la expulsión del euro.

La soberanía económica de España es la misma que tiene cualquier país rescatado, es decir, prácticamente nula. Estamos haciendo al dictado lo que se nos dice desde Bruselas para cumplir con el pacto de estabilidad y las condiciones de la ayuda a la Banca. La desviación presupuestaria es tan importante que o el Gobierno decididamente endereza la situación más pronto que tarde o no se pondrá en entredicho la paga extra de los funcionarios, sino cualquier paga, porque el Estado puede quedarse sin fondos para abonarla.

En este sentido, los gastos de personal representan la mayor partida presupuestaria que tiene que asumir el Estado y, por tanto, debe reducir esta partida si quiere que le cuadren las cuentas. No es posible hacer otra cosa que tenga efectos más inmediatos.

En muchas empresas privadas se está pasando peor que lo van a pasar los funcionarios. Muchos trabajadores han ido a la calle con lo puesto porque sus puestos de trabajo se han volatilizado con la crisis y muchos autónomos se han arruinado, han perdido su casa y su medio de vida. No, la sociedad española no debe llorar porque los funcionarios pierdan poder adquisitivo y no va a llorar por ello. Es la consecuencia lógica de unas plantillas en la administración infladas. A quien hay que pedir responsabilidades es a quien en plena crisis se dedicaba a aumentar las plantillas de empleados públicos, cuando debió hacer todo lo contrario. Ese es el verdadero responsable de que ahora haya que recortar salarios.