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Todas las medidas implantadas suponen o aumento de impuestos o reducción de salarios de particulares, pero apenas se anuncia prácticamente nada que acabe con el despilfarro de una administración sobredimensionada, con competencias a veces triplicadas y que acumula un importante número de entes, sociedades y organismos que no sirven más que para mantener a paniaguados y colocados por los partidos políticos. También es una verdadera tomadura de pelo que se demore hasta el próximo año la rebaja en las subvenciones a los partidos y sindicatos, como si esa medida pudiera esperar y no otras.

Es un plan de estabilización triste, por lo que supone de injusto que el conjunto de los ciudadanos pague la mala administración de los políticos y las estructuras que han creado al servicio de sus correligionarios, que, de momento, permanecen intactas. Nada sobre la profesionalización de los altos escalones de la Administración, repleta de cargos a dedo y de asesores y adjuntos colocados por el partido en el poder. Y nada sobre la desaparición de ayuntamientos, mancomunidades e incorporación de las diputaciones a la estructura de las comunidades autónomas.

Quizás sea necesario este ajuste, y en verdad está impuesto desde el exterior en cuanto a la pretendida cuantía de ahorro de gastos de más de 60.000 millones en dos años, según las estimaciones, pero está realizado dejando intacta la desmesurada presencia de los políticos en la administración cuya papel empieza a estar muy cuestionado por la sociedad como uno de los cánceres de nuestra economía pública y de su gestión, copando todos los puestos mejor remunerados y consolidando mejoras para el futuro por el mero hecho de ser bendecido por el dedo enchufador del partido de turno.

Por otra parte, son medidas que deprimirán aún más la economía y el bienestar de los españoles a muy corto plazo, llevado a más gente al paro y destruyendo más aún el tejido empresarial. Eliminar las duplicidades administrativas, reordenar el marco competencial y quitarle a la administración todo lo superfluo genera justo el efecto contrario, liberando recursos al sector privado y generando actividad. Pero esas medidas harían que los miembros de los partidos tuvieran que irse a la calle, y en la calle hace mucho frío y muchos de ellos no saben hacer otra cosa más que ocupar un puestecito por enchufe. Al fin y al cabo han ganado unas elecciones para algo, y ese algo es para ellos.

En España tenemos toda una pléyade de representantes para que nos suban los impuestos y nos bajen los salarios, que se desglosan en:

-350 Diputados en el Congreso.

-259 Senadores (aún se está buscando su utilidad).

-54 Parlamentarios europeos (son todos jefes, porque los indios no parlamentan).

-8.000 alcaldes y más de 73.000 concejales (algunos municipios no llegan a poder pagarles ni los sueldos).

-1.200 diputados autonómicos (para apretan el botoncito cuando se lo dice el jefe del partido, eso sí, sin equivocarse).

-1.000 diputados provinciales (que eso debe ser muy interesante, para ellos, pero para nadie más claro).

-160 en los Cabildos Insulares y los consejeros del Valle de Arán (es lo que tiene estar aislado, aunque algunos no se sabe que harán).

Aproximadamente con los que se me habrán olvidado, unos 80.000 bien colocados. Pero la tajada del león está en todos los colocados en la administración, empresas públicas y demás, que se calculan entre 350.000 y 400.000, verdadera carcoma que consolida grandes sueldos y niveles en la administración elevados, consiguiendo muchos quedarse como funcionarios por la puerta de atrás, con plazas ad-hoc y todos los artificios que se puedan imaginar.

Toda esta pléyade consume aproximadamente al año recursos por importe de entre 25.000 y 30.000 millones de euros entre pitos y flautas, sueldos, dietas e infraestructuras para mantenerlos. Ese es el principal cáncer que tiene España y nadie hará nada por extirparlo.