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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha elaborado un informe a partir de datos publicados por el Ministerio de Hacienda, del que se desprende que las comunidades autónomas adeudan un total de 742 millones de euros en intereses de demora generados por la deuda con sus proveedores en 2012. 

Ultimamente se nos ha comunicado el déficit público del Estado español para 2012 y se ha producido la disputa entre partidos y otras instituciones sobre si el dinero que  ha prestado o invertido el Estado en la banca quebrada se debe considerar como mayor déficit público o no del año 2012.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha felicitado al Gobierno por transponer la Directiva Europea de Medidas de Lucha contra la Morosidad dentro del plazo marcado, que expira el próximo 16 de marzo.

Los plazos de pago en las operaciones comerciales pasarán en 2013 ,como regla general, de 60 a 30 días naturales, aunque las partes podrán pactar alargarlos hasta un máximo de 60 días.De acuerdo con las previsiones de la Ley 15/2010, a partir del 1 de enero de 2013 las empresas que vendan a otras empresas deberán limitar sus plazos de pago máximos a 60 días. Sin embargo los plazos de pago entre empresas en España siguen estando por encima de este horizonte. Sólo el 33% de las empresas españolas opera en 2012 con plazos de pago inferiores a los 60 días. Un 31% cuenta con plazos entre los 60 y los 85 días y el segmento más elevado, el 36%, pacta plazos superiores a los 85 días.

(Plazos de pago de acuerdo con la Ley 15/2010)

Para los casos de demora en el pago, se eleva de siete a ocho puntos porcentuales los que hay que sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo para calcular el tipo legal de interés de demora que debe pagar el deudor.

Con esta reforma se completa la adaptación de la normativa española a la directiva comunitaria en esta materia en un momento en el que la crisis económica ha tenido una incidencia clara tanto en la morosidad como en el alargamiento de los plazos de pago. 

La pregunta que nos hacemos todos es:

¿Esta ley de plazos de pago se cumplirá "a raja tabla" empezando por la Administración Pública o es un mero formalismo impuesto desde Europa que difícilmente se podrá llevar a la práctica?

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, ha presentado un estudio del que se desprende que tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad.

Según el informe, realizado a partir de más de 700 encuestas a sus organizaciones asociadas, aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior, que fue de 162 días. Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).

Datos del estudio han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año.

En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea, que se implantará a partir de marzo, obligan en este 2013 a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.

El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.

Ante esta situación, Cañete ha asegurado que “se hace más que necesario implementar las medidas previstas en la Ley y otras que hemos propuesto recientemente al Gobierno”. Por ejemplo, la semana pasada se reunió con el Ministerio de Hacienda para trasladarles una batería de propuestas. Entre otras, destaca una que la entidad ha hecho pública hoy en rueda de prensa, que trata de evitar el “fraude de ley” que permite a los contratistas de obra pública realizar legalmente pagos a sus subcontratistas y proveedores en plazos que superan los 250 días, amparándose en el apartado 5 del Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En este sentido, la PMcM solicita que los plazos de pago de los contratistas de la Administración con subcontratistas o suministradores, no puedan ser, bajo ninguna circunstancia, superiores a los establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre después de las modificaciones introducidas por la Ley 15/2010 de 5 de julio (a partir de 2013 como máximo de 60 días).

Asimismo, propuso que pymes y autónomos no tengan que adelantar el IVA de facturas no cobradas, sino que sea el deudor el sujeto que liquide el IVA de las facturas que no ha pagado; establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia. 

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer en el Pleno del Senado que el Gobierno está estudiando adaptar la normativa existente "a fin de publicitar quienes son los mayores defraudadores y morosos con la Hacienda Pública", de forma semejante a lo que se hace en otros Estados de la Unión Europea como Reino Unido o Irlanda.