A Gómez Arrabal se le conmutan las penas privativas de libertad impuestas por otra única de dos años de prisión, mientras dejan subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, con la condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación de este decreto.
Gómez Arrabal, que fue alcalde de Valle de AbdalajÃs entre 1995 y 2007, fue condenado como autor de tres delitos de prevaricación urbanÃstica a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años por cada delito.
Asimismo, se le condenó por otros cuatro delitos continuados de prevaricación urbanÃstica y cinco continuados de prevaricación urbanÃstica, a la pena, por cada uno, de un año de prisión, con la accesoria también de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años, con el máximo de cumplimiento efectivo de tres años de prisión.
Para conmutar las penas, se han considerado los informes del Tribunal y de la FiscalÃa, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado 29 de junio. Tras la sentencia que condenaba al exregidor, asà como a otros ediles más, Gómez Arrabal recibió el apoyo de sus vecinos; incluso, se creó una plataforma para evitar su ingreso en prisión y solicitar su indulto.
Este indulto no es el primero realizado a instancias del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuya determinación para endurecer el código penal chocó el pasado mes de marzo con los indultos concedidos a un exalto cargo de CiU, condenado por corrupción, y a su cómplice, también vinculado a la coalición.
Josep MarÃa Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol, y el empresario VÃctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de UDC, fueron condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos. Dichas condenas fueron conmutadas por una multa de 3.650 euros.
Los indultos han desatado crÃticas en distintos ámbitos polÃticos por lo poco ejemplar de la decisión y, desde varios sectores cercanos a los órganos judiciales se valora como una muestra de favoritismo discriminado debido a intereses polÃticos.
En cualquier caso no deja de ser un contrasentido que mientras estos defraudadores del Estado salen indemnes de sus delitos, otros, menos favorecidos, siguen en las cárceles cumpliendo condenas por hechos similares o menores. Y aún peor es que los mismos que indultan a los estafadores del Estado son los que han apartado de la Justicia a los que luchan contra este tipo de delitos, y si no que se lo pregunten al Juez Garzón.
Por cierto, ¿será Garzón el próximo indultado por Alberto Ruiz-Gallardón?.
